27 enero, 2006

TODOS TENEMOS DERECHO A OPINAR


TODOS TENEMOS DERECHO A OPINAR

El Partido Popular le invita a pedir al Presidente del Gobierno que someta a referendum de todos los españoles la siguiente consulta:

"¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas ?"


24 enero, 2006

Vosotros ya no sois nada, vuestros hijos ya son nuestros. (Hitler)


El artículo 21.2 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística establece que: "Los niños tiene derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique."
Hasta el curso 1997-98, la Generalidad incluía en las hojas de preinscripción de los escolares en centros públicos y concertados la casilla correspondiente para conocer la "lengua de uso habitual" del alumno. Casilla absolutamente obligada, puesto que es la Generalidad, el poder público que tiene asignada la competencia en la materia, la que debe garantizar el derecho y poner los medios para ejercitarlo, y mal se podría ejercitar ese derecho si la Generalidad no conociera de antemano la lengua habitual de los alumnos para disponer así los medios necesarios para su educación efectiva en la lengua habitual. Este simple razonamiento echaba por tierra cualquier intento de negar la evidencia del incumplimiento por la Generalidad de lo prescrito en la misma Ley de Política Lingüística. Si conocía la lengua habitual de todos y cada uno de los alumnos mediante la hoja de preinscripción y si estaba obligada a garantizar poner los medios para hacer efectivo el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su "lengua habitual", entonces, no podía, con independencia de que el derecho fuera rogado por los padres, desconocer que la mitad de los escolares debían ser educados en lengua castellana, y por ende hacerlo efectivo. Pero, a grandes males, grandes remedios: a partir del curso 98-99 las hojas de preinscripción editadas por el Departament d'Ensenyament suprimen la casilla correspondiente a la lengua de uso habitual del alumno. La Generalidad, optando desde ese momento por hacerse el sueco (¡qué será de la identidad catalana!), deja de preguntar a los padres por la lengua de uso de sus hijos. Y, por supuesto, continúa sin incluir cualquier casilla o cuestionario alguno que permita a los padres señalar la lengua en la que deben ser educados sus hijos en la primera enseñanza. La consecuencia es de todos conocida: todos los escolares catalanes son educados en la primera enseñanza exclusivamente en catalán. La asignación de la lengua vehicular en la primera enseñanza en Cataluña se realiza sin que la Generalidad conozca (porque no quiere conocer) la lengua habitual de los escolares y sin que en caso o momento alguno pregunte a los padres por la lengua en la que deben recibir sus hijos la enseñanza. Y es lícito preguntarse ¿cómo puede garantizar y poner los medios para el ejercicio efectivo del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual si la Generalidad no quiere saber ni siquiera cuál es esa lengua? La respuesta es sencilla: en modo alguno puede satisfacer el derecho mencionado. Por lo que el argumento de la falta de petición explícita de los padres para justificar la vulneración del derecho de sus hijos a recibir la enseñanza en su lengua habitual resulta así absolutamente falaz: los padres catalanohablantes tampoco solicitan (porque la Generalidad ha suprimido para ellos también la casilla relativa a la lengua habitual) la lengua en la que deben ser educados sus hijos y, sin embargo, la Generalidad garantiza y dispone de los medios adecuados para que sus hijos se eduquen en catalán en la primera enseñanza. Este innegable trato desigual, discriminatorio de los derechos de los castellanohablantes, es, sin embargo justificado con los más peregrinos argumentos por el nacionalismo político y académico, argumentos que pueden reducirse (al absurdo) a un mismo denominador común: la mejor manera de garantizar el derecho de los niños castellanohablantes a recibir la primera enseñanza en su lengua es enseñarles desde el primer momento en lengua catalana. Y ello porque la única manera de garantizar los derechos de los catalanohablantes es sacrificar los derechos de los castellanohablantes. Esta es la lógica que preside la política que los nacionalistas denominan de "normalización" lingüística, ni más menos. Estas son las cuentas del nacionalismo: la nación exige grandes sacrificios (de los que no son nacionalistas). En una sociedad bilingüe existe una receta mucho más simple: el bilingüismo, lo que técnicamente se denomina "modelo de conjunción lingüística", es el modo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley con independencia de que sean catalanohablantes o castellanohablantes. La conjunción es una fórmula que, para ser compatible con el derecho a la enseñanza y el libre desarrollo de la personalidad del educando, tiene que sujetarse a unas condiciones y límites muy estrictos: debe, en primer lugar, asegurar al alumno, al final del proceso educativo, una igual competencia lingüística en las dos lenguas oficiales. En segundo lugar, a pesar de que la proporción en el empleo de las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares puede variar en razón de las exigencias del resultado final, ello no autoriza en ningún caso la exclusión de una de las lenguas como lengua docente. Y, finalmente, la primera enseñanza del niño debe ser impartida en su lengua materna. En fecha 14 de septiembre de 2004, El Tribunal Superior de Justicia dictaba sentencia por la que se obligaba a la Generalidad de Cataluña a "adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en su lengua habitual la primera enseñaza." El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA venía así a confirmar esta clara discriminación de los castellanohablantes, que ha sido reiteradamente denunciada por CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA, que ha determinado que diversos organismos internacionales hayan alertado sobre la existencia de graves obstáculos para el ejercicio de los derechos fundamentales en Cataluña, especialmente en lo que se refiere a los derechos lingüísticos de los escolares. Así, el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la O.N.U. en informe de septiembre de 1996, relativo a España, tras celebrar el amplio autogobierno de que gozan sus Comunidades Autónomas, observa como un motivo de especial preocupación que en Cataluña y en el País Vasco a los niños de la minoría castellana les puede resultar difícil recibir la educación en su lengua materna. De igual manera, y en fecha más reciente, el Informe de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en enero de 1999 ha denunciado las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y el País Vasco, "cuando se trata de recibir una educación en castellano en las escuelas". La respuesta de la Consellera de Ensenyament fue inequívoca: la Generalidad no pensaba ejecutar dicha sentencia. Y ha cumplido su promesa. La Generalidad se sitúa de este modo, los actuales hechos lo confirman, por encima de la Ley y del sometimiento de los poderes públicos a lo resuelto por lo tribunales. La gravedad de la actuación del gobierno autonómico es patente por cuanto atenta a los más elementales principios del Estado de derecho y coloca a los ciudadanos en una situación de privación de los más elementales derechos democráticos. Podéis seguir leyendo interesantes artículos sobre el tema en estos enlaces. Convivencia Cívica Catalana HO Asociación Gallega para la Libertad del Idioma

19 enero, 2006

¿BAJO LA SOMBRA DE OTRO PRESTIGE?

¡¡Atención gallegos!! Ahora ya no pasa nada si se hunde otro Prestige frente a las costas gallegas, sería inevitable, pero claro está, ellos harían una mejor gestión. Como no. La Xunta considera "inevitables" catástrofes de tal magnitud La posibilidad de que se produzca otro desastre como el del Prestige no es un argumento para la ciencia ficción. Fuentes de la Conselleria de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia aseguraron a elplural.com que, hoy por hoy, accidentes de tal magnitud siguen siendo "inevitables", por lo que hay que poner énfasis en una buena gestión de estos sucesos. "Tan pocas cosas han cambiado en la costa gallega que ninguna autoridad política se atreve a asegurar la imposibilidad de que un accidente de características similares al Prestige no pueda volver a producirse con consecuencias muy parecidas e incluso reacciones semejantes a las que se registraron a partir del 13 de noviembre de 2002, cuando las costas gallegas empezaron a sufrir la mayor contaminación ocasionada por el vertido de fuel oil al mar". Este es el arranque de un completo reportaje que publica esta semana el semanario La Clave. Medios reforzados La tesis mantenida por la mencionada publicación no se derrumba después de solicitar un análisis de la situación a la Conselleria de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia. Un portavoz de la Conselleira Mª Carmen Gallego, explicó a elplural.com que "Nadie está libre de un accidente como el del Prestige". "Los medios se han reforzado, pero sucesos de tal magnitud son prácticamente inevitables". Lo más importante: la gestión Las mismas fuentes sostienen que de producirse ahora un hecho similar, la diferencia, respecto a 2002, radicaría en la gestión. "La gestión es clave una vez que se llega a catástrofes de tal magnitud. Y lo que ahora no haríamos bajo ningún contexto es pasear el barco de un lado a otro de la costa". La reacción de los ecologistas Desde Greenpeace, su responsable en España, Juan López de Uralde, se mostró también convencido de que "llegado un punto determinado, este tipo de sucesos son muy difíciles de evitar". No obstante, mostró su sorpresa por el hecho de que antecedentes como el del Prestige no hayan acelerado la implantación de legislación al respecto a nivel europeo. "Desde Greenpeace apostamos porque la responsabilidad de los protagonistas de los vertidos sea ilimitada", declaró López de Uralde. Legislación internacional Los ecologistas sostienen que compete a la legislación marítima internacional poner todas las trabas posibles para que determinados barcos en mal estado puedan seguir circulando cargados de sustancias peligrosas para el medio ambiente. Desde Greenpeace no entienden por qué una vez entrada en vigor la directiva europea que prohíbe el ingreso en los puertos de petroleros monocaso cargados de fuel pesado, la UE no ha elaborado una lista de los barcos que deberían ser retirados. "A nivel España, lo único que se puede hacer es incrementar las dotaciones para hacer frente a una eventual marea negra y evitar que circulen por los puertos buques monocaso", señala este responsable de Greenpeace España.
ELPLURAL.COM

18 enero, 2006

MEMORIA HISTÓRICA

Aquí en Cataluña últimamente eso de recuperar la memoria histórica está de moda, solo hay que echarle un vistazo a la: ORDENANZA DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR Y FOMENTAR LA CONVIVENCIA o lo que es casi lo mismo la LEY DE VAGOS Y MALEANTES. Y es curioso cuantas veces he escuchado decir que era una ley franquista cuando no es así. Si bien es cierto que Franco acabó con la Constitución de la 2ª República, igual de cierto es que que mantuvo en vigor una serie de leyes aprobadas durante esa época, entre ellas la de vagos y maleantes que ahora recupera, disfrazada de medidas para el bienestar de la ciudadanía, el Sr. Maragall para gozo y disfrute de los ciudadanos de Barcelona. ¡Ojo! que nadie me mal interprete, no me parece del todo mal la medida. Tiene cosas buenas, pero no me negaréis que en el fondo se parece bastante a la antigua ley de vagos y maleantes.

16 enero, 2006

El ZePotismo Ilustrado


Carlos III de España
ZP I de qué?
Después de casi dos años tendemos a entrar en el desanimo muy a menudo, o al menos a mi me sucede así. Por más vueltas que le doy no entiendo qué es lo que está haciendo este seudo-gobernante que nos ha tocado. ¿Qué es lo que quiere?. Solo se me ocurre que en algún momento de su vida en una clase de historia alguien explico EL DESPOTISMO ILUSTRADO y como es común en él, debía estar mirando a otro lado y sonriendo bobaliconamente, imaginando cual sería su futuro. En esa circunstancia solo debió quedarse con el despotismo y con lo malo. Lo de ilustrado no lo escuchó y las buenas cosas que en esa época se hicieron, tampoco. No cabe duda de que ZP es nuestro "déspota ilustrado", o mejor dicho nuestro déspota, que aún no siendo Rey, de lo que no me cabe duda es de que es absoluto. Solo coge de La ilustración lo que a él le conviene. Pero al contrario que en aquella época, en la que los Reyes tomaban lo que les interesaba para mejorar sus estados él toma lo que le da la real gana (que no es lo mismo) para destruir nuestra nación o estado o lo que sea, que ya no sé. En aquel tiempo se llevaron a cabo grandes reformas judiciales, por ejemplo, se suprimieron las torturas como forma de investigación. Ahora la justicia también es muy justa... Se crearon centros educativos y universidades. Hoy en día la educación también va muy bien... Pero todo esto se lleva a cabo sin contar con el pueblo ¡Anda igualito que ahora!. No olvidemos que el lema del despotismo ilustrado era: "todo para el pueblo pero sin el pueblo" Aquellos gobernantes rechazaron lo más importante de la ilustración: la libertad política, ¿os suena? Y después ya sabéis el pueblo se sublevo llegaron las revoluciones... Supongo que esto también os suena ¿no? El grado de satisfacción que muestran el Gobierno y PSOE carece de todo pudor. Intentan disfrazar de triunfo lo que para el pueblo es un monumental fracaso. Demuestran un desprecio absoluto por la soberanía popular. Están convencidos de que la mejor manera de gobernar es hacerlo desde el despotismo. ¿Puede ZP realmente sentirse legitimado para cambiar las reglas del juego cuando solo tiene el consentimiento de uno de cada tres españoles?. ¿Qué opináis de nuestro "déspota ilustrado"?